La imposición de una tasa a las bebidas azucaradas no es una iniciativa nueva. Países como Méjico, Chile o Reino Unido la han implantado, siguiendo la recomendación que realizó la OMS en 2016 en su informe ‘Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases’.
En España, el 60% de la población padece sobrepeso u obesidad, lo que sitúa a nuestro país como el segundo en este aspecto en el ranking de Europa. Estos porcentajes son especialmente preocupantes en la población infantil, ya que se estima que este problema afecta a un 8% de las niñas y a un 13% de los niños. Así lo subraya un informe del Grupo de Trabajo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que fue presentado el pasado mes de noviembre.
En él se incidía en que el principal causante de la denominada “epidemia de obesidad” es el consumo de bebidas azucaradas y, en función de esa premisa, establecía una serie de recomendaciones, entre las que destacaba aumentar el coste de las bebidas azucaradas, a través de la introducción de un impuesto de, al menos, el 20%.
Pocos meses después de la publicación del informe de la SEE —‘Previniendo la obesidad en España mediante un impuesto a las bebidas azucaradas’— la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) presentó su ‘Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y otras medidas 2017-2020’. Este documento, fruto de un acuerdo de colaboración público-privada entre Sanidad y la mayoría de las empresas de la industria alimentaria en España, tiene como principal compromiso, para 2020, la reducción del 10% de azúcares añadidos de diferentes grupos de alimentos y bebidas que son consumidas habitualmente por niños y jóvenes.
Desde que se hizo público este plan, los epidemiólogos han sido críticos con su contenido, ya que consideran que el acuerdo entre Sanidad e industria no será efectivo y que solo un impuesto a las bebidas azucaradas puede repercutir positivamente en el descenso de las cifras de obesidad.
La imposición de una tasa a las bebidas azucaradas no es una iniciativa nueva. Países como Méjico, Chile o Reino Unido la han implantado, siguiendo la recomendación que realizó la OMS en 2016 en su informe ‘Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases’. En España, Cataluña también decidió adoptar esta medida hace más de un año.
Frente a dicha recomendación, llama la atención que, el pasado mes de junio, un panel de expertos independientes de la OMS no llegara a un consenso en torno a la posibilidad de recomendar que se graven con mayores impuestos las bebidas y refrescos azucarados. No obstante, las deliberaciones de estos paneles no son vinculantes y desde la Dirección General de la OMS se ha señalado que la posición de la Organización sigue siendo la misma, comprometida con la lucha contra la obesidad infantil.
Recientemente, la nueva directora de Aecosan ha mantenido una reunión informativa con diferentes sectores sobre el plan entre Sanidad y la industria, suscrito por su predecesora. En este encuentro ha tenido que hacer frente a las críticas del lobby médico, que ha hecho hincapié en que “la mera autorregulación —propuesta en este convenio— no es eficaz para resolver problemas de salud pública donde están implicadas grandes industrias que obtienen beneficio económico de vender productos no saludables”. A este respecto, se ha reprobado la ausencia de participación en el convenio de expertos, asociaciones relacionadas con la salud pública y organizaciones ciudadanas.
Si algo hay claro en todo este asunto es que el nuevo Ministerio de Sanidad tiene ante sí la difícil tarea de poner fin a la controversia generada tras la publicación del ‘Plan’ firmado por el Gobierno anterior. Deberá escuchar tanto al lobby médico como al de la industria alimentaria, aunar intereses y, finalmente, tomar una decisión: tasa, autorregulación u otra alternativa.
María Real Bela
Directora Asociada
