Una de las aportaciones que puede prestar el lobby, a través de la utilización de diferentes herramientas o el desarrollo de acciones de sensibilización y concienciación, es contribuir a poner en la agenda política determinados asuntos que, en ocasiones, no ocupan el lugar que merecen por su magnitud económica o su impacto social. En otras, ocurre que el propio interés o foco de atención del titular de la cartera ministerial sitúa determinados temas en un lugar prioritario del argumentario político y la actualidad mediática.
Desde la llegada de Carmen Montón al Ministerio de Sanidad, la recuperación de la sanidad universal, la lucha contra los copagos y hacer frente a las pseudoterapias han sido los ejes que ha respetado y dado continuidad la actual ministra. Esta semana, el Gobierno ha dado un paso al frente en este sentido, con el único fin de proteger un derecho básico y fundamental de los ciudadanos: la salud. La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, han presentado el Plan para la Protección de la Salud frente a las pseudoterapias.
Este plan se sustenta, fundamentalmente, en cuatro objetivos. Uno, defender la salud como un derecho básico. Dos, proteger a la ciudadanía frente al grave riesgo para la salud que implica el uso de las pseudoterapias, ya sea de forma alternativa o complementaria a los tratamientos basados en el conocimiento y la evidencia. Tres, proporcionar información veraz y rigurosa para que la sociedad pueda tomar decisiones informadas y cuatro, asegurar que la formación sanitaria universitaria no incluya contenidos y programas que no tengan evidencia científica.
A pesar de que la actividad médica fue la actividad profesional más valorada, según datos de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y Tecnología de FECYT de 2016, el recurso de la pseudoterapia no es algo residual. Casi el 60% de la población cree que la acupuntura funciona, y cerca del 53% considera que los productos homeopáticos son efectivos. Por tanto, es una iniciativa muy loable que supondrá el cambio normativo de diferentes reales decretos para combatir la publicidad engañosa, expulsar de los centros sanitarios las pseudoterapias y asegurar la formación futura de los médicos.
No obstante, sin quitar importancia ni tratar de restar relevancia a este Plan, el Ministerio de Sanidad no debería olvidar otros asuntos importantes, sobre los que diferentes agentes sociales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes llevan tiempo reclamando atención y que también merecen un espacio privilegiado en su agenda. Especialmente aquellos que, incluso, han logrado el consenso de los diferentes grupos parlamentarios, a través de la aprobación de iniciativas parlamentarias en ambas Cámaras legislativas, y que siguen sin ser abordados y aprobados por una falta de voluntad política.
Por citar sólo algunos ejemplos, es el caso de la creación de la especialidad de enfermedades infecciosas o la eliminación de la discriminación laboral que sufren los pacientes diabéticos. Es necesario que se imponga una coherencia política y las decisiones del Parlamento se cumplan y sean respetadas, sin que el hecho de que se ocupe un lugar en el Gobierno o en la oposición haga cambiar de opinión sobre asuntos clave para el futuro sanitario.
Francisco J. Gutiérrez
Director Asociado
