El Gobierno de Sánchez tiene previsto aprobar en el mes de enero la llamada ‘tasa Google’, un impuesto que afectará a las grandes empresas digitales 

En un momento en el que Europa comienza a mirar más allá del Brexit, llega la ‘tasa Google’, una política impositiva destinada a las grandes empresas que ofrecen determinados servicios digitales, siendo sus principales objetivos los motores de búsqueda, las plataformas de redes sociales y las páginas de venta online.

Un ejemplo de cómo las amenazas regulatorias llegan a estos niveles queda reflejado en el reciente bloqueo de la propuesta europea ante la falta de consenso entre los países miembros, mostrándose muchos de ellos contrarios o muy reticentes, como es el caso de los países nórdicos, mientras que otros, como es el caso de España o Reino Unido, han llegado a plantear las suyas propias.

La solución global que se planteó consiste en la aplicación de una tasa del 3% sobre la facturación por determinados servicios digitales que realizan empresas de internet cuya facturación es superior a 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones dentro de la Unión Europea, siendo además una medida de carácter temporal. España, por su parte, ha elaborado una lista de excepciones en su modelo, como es el caso de la televisión onlineo los operadores tradicionales de comercio.

El objetivo de este impuesto, según el Gobierno, no es otro que paliar la disparidad existente en el pago de impuestos entre las sociedades de las plataformas digitales y el de las empresas tradicionales, evitando con ello que estas multinacionales paguen impuestos donde dispongan de una tributación más baja en lugar de allí donde generen actividad.

El Ejecutivo de Sánchez, en uno de sus rápidos intentos por recaudar ingresos, ya anunció durante las últimas semanas su interés por aprobar este impuesto (previamente anunciado por el anterior Gobierno del Partido Popular) de manera unilateral con la llegada del 2019, en lugar de avanzar hacia una solución global definitiva y consensuada. La aprobación de esta medida se espera esté incluida en el marco del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2019, con el que se contempla una subida de ingresos.

Con el impuesto en la recta final de su aprobación, a las grandes empresas tecnológicas, en defensa de sus intereses, no les queda otra opción que tratar de frenar este avance alegando la existencia de un error en el diseño del impuesto, pues se ha presentado como un impuesto indirecto, es decir, grava en función de la capacidad económica, algo que no termina de convencer a todos.

Las empresas afectadas de este sector, como es el caso de Facebook o Google, buscan evitar que los gobiernos se precipiten en la aplicación unilateral de esta “tasa”. Para ello, a través de su ejercicio de lobby, tratan de que se alcance un acuerdo conjunto en el que se valoren distintas propuestas hasta llegar a la solución más justa.

Julia Carbonell Pechuán

Consultora de Asuntos Públicos