El Gobierno inicia la tramitación de una norma que obligará a estudiar el impacto en la salud de la población de nuevas normativas
Hace unos días, el Ministerio de Sanidad inició la tramitación de una norma cuya aprobación puede suponer un auténtico cambio de paradigma en el diseño de políticas públicas en nuestro país. Sin embargo, su anuncio no ha recibido la atención que merece. Se trata del anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Este anteproyecto, cuya tramitación acaba de comenzar, incorpora, entre otras cosas, una obligación que en Cariotipo Lobby & Comunicación consideramos de una importancia nuclear, y que venimos reclamando hace años: la obligación de evaluar el impacto en la salud de la población de toda normativa que vaya a implementarse en nuestro país. Esta evaluación de impacto, presente en numerosos países, brillaba por su ausencia en España. Parece ser que esta situación cambiará en los próximos meses.
En efecto, el conjunto de decisiones que toman nuestro gobernantes tiene la capacidad potencial de influir en la salud de la población, ya sea de forma directa o de forma velada, produciendo unos efectos que, en ocasiones, no son visibles a simple vista, pero que pueden adquirir una enorme trascendencia.
Los grandes retos de salud actuales, como ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, pero también los que ya existían con anterioridad y que siguen estando muy presentes, sólo pueden abordarse con garantías de éxito si el conjunto de la sociedad se gobierna teniendo en cuenta y maximizando los resultados que las diversas actuaciones y normas tienen en la salud.
Para evitar consecuencias no deseables y, sobre todo, promover la salud desde todos los ángulos, políticas y programas deben tener su origen, por un lado, en un conocimiento riguroso de las realidades que pretenden modificar y, por otro, de los efectos esperados en las poblaciones a las cuales van dirigidos.
Ámbitos tan dispares como la política energética, los transportes, la economía circular, la educación o la política de vivienda, son solo algunos ejemplos de las políticas sectoriales susceptibles de ser diseñadas con base desde en el impacto en la salud de los ciudadanos.
Para realizar esta evaluación, sin duda compleja, se deberán tener en cuenta todas aquellas evidencias –cualitativas, cuantitativas, de política comparada– que nos permitan asomarnos a los efectos a corto, medio y largo plazo en la salud de la población. Estos efectos pueden ser tan trascendentales como una mejora de los índices de salud mental o la promoción de estilos de vida saludables (dieta equilibrada, sedentarismo, etc.).
Por otro lado, esta evaluación de impacto pretende también generar una mayor equidad, al perseguir que el derecho a la protección a la salud sea efectivo para todos los ciudadanos y evitando que las desigualdades socioeconómicas impidan su materialización plena.
En definitiva, la evaluación que ahora se pretende incorporar a las políticas públicas no sanitarias supondría un verdadero avance en acercar esa meta. De la misma forma que debe ponerse al paciente en el centro de toda política sanitaria, debemos poner la salud del individuo en el centro de toda política pública.
Como señala el propio anteproyecto, y esperamos que así sea, “queda descartada la opción de no hacer nada, dado que esta alternativa afectaría a la salud de la población española.”
Diego Suárez
Consultor senior
