El pasado mes de febrero, el Ministerio de Justicia inició el trámite de información pública del Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales. Pendiente del inicio de su tramitación parlamentaria, diferentes instituciones están llevando a cabo el análisis del nuevo texto. El Anteproyecto de Ley, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva UE 2016/943, busca mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en el mercado interior. En este sentido, el objetivo de la Directiva es paliar la falta de armonización existente en los ordenamientos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en la definición y protección de los secretos comerciales. Un marco regulatorio más homogéneo en la UE ha sido una de las reivindicaciones históricas de los diferentes agentes económicos que operan en el “mercado común”; siendo esta demanda un punto focal de las diferentes acciones de lobby o representación de intereses desarrolladas por éstos.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un informe en el que se considera que “la trasposición de la Directiva podría efectuarse sin necesidad de articular una nueva ley, introduciendo las modificaciones exigidas por la norma europea en las españolas vigentes, en particular en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Competencia Desleal, al estimar que se produce cierto solapamiento normativo en tanto que la violación de los secretos empresariales constituye un acto desleal que cae dentro del ámbito material de esta última”. Además, el Consejo considera que la definición de secreto empresarial del Anteproyecto es imprecisa y que “el criterio para determinar cuándo una información debe ser considerada secreto empresarial debería girar en torno a la existencia de un interés legítimo (de su titular) para mantenerla confidencial y una expectativa legítima de que se preserve dicha confidencialidad”.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado, a petición del Ministerio de Justicia, sobre el Anteproyecto de Ley. La CNMC valora “de forma positiva la propuesta desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente”. No obstante, se han realizado una serie de recomendaciones como, por ejemplo: “Mejorar la definición del concepto de secreto empresarial para evitar que se proteja la información obtenida de manera ilegal”; “hacer confidenciales las denuncias por infracción de secretos para aumentar la protección de los denunciantes frente a posibles represalias”; ”permitir que no solo los titulares de los secretos empresariales, sino todos los que resulten perjudicados por la vulneración de un secreto puedan presentar una denuncia”.
El Gobierno de España considera que la seguridad jurídica reforzada que pretende ofrecer contribuirá a aumentar el valor de las innovaciones que las empresas tratan de proteger como secretos empresariales, lo que en último término contribuirá a incrementar la inversión del sector privado en investigación e innovación.
Álvaro Sanz López
Ejecutivo de Cuentas
