“Las empresas familiares representan el 70% del empleo privado, parece evidente que el crecimiento medio de la empresa familiar es un indicador fiable de la evolución de la economía”.
La empresa familiar es un bien social a preservar. Esta es una de las conclusiones del informe “Factores de competitividad y análisis financiero de la empresa familiar”, del Instituto de la Empresa Familiar y la Red de Cátedras de Empresa Familiar. Ya en el prólogo lo anuncia Rami Aboukhair, consejero delegado de Banco Santander España, y es que el informe, en el que han participado casi 50 universidades, aporta datos que así lo respaldan. Datos como el número de empleados por millón facturado (5 en el caso de empresas familiares, 3 en el resto), que reflejan el compromiso de la empresa familiar con el empleo, a costa incluso de mayores beneficios. Otro dato que ilustra de manera clara el valor social de la empresa familiar es su tasa de “mortalidad”, que se encuentra bastante por debajo —en caso de las empresas pequeñas hasta tres puntos porcentuales— de la que afrontan las no familiares. Esto tiene una explicación bastante simple: las empresas familiares tienen un compromiso con la permanencia en el tiempo, una proyección a largo plazo que permita la supervivencia de la empresa y el relevo generacional.
Tres son los factores clave de competitividad para las empresas, según el informe: dimensión, formación e innovación. De los tres, el más determinante es la dimensión, pues además de tener un impacto directo en la capacidad de las compañías de innovar y formar a sus empleados, es el elemento fundamental que permite mejoras en rentabilidad y productividad.
Sin embargo, el entorno regulatorio está lleno de trabas al crecimiento de las empresas. Según Juan Corona, director general del Instituto de Empresa Familiar “determinadas obligaciones de tipo tributario, mercantil y laboral impiden que las compañías superen los 49 empleados, ya que las empresas de ese tamaño no tienen la capacidad de soportar departamentos jurídicos y administrativos que les permita cumplir con esas obligaciones”. Es decir, en el momento en que una empresa pasa a ser considerada mediana, se le plantean unas exigencias que suponen unos sobrecostes importantes, poniendo en jaque su viabilidad. De esta forma, se desincentiva el crecimiento de nuestras empresas, con repercusiones negativas en la economía española, en términos de competitividad y empleo. Si, además, tenemos en cuenta que un mayor tamaño empresarial incrementa la probabilidad de perdurar en el tiempo, las políticas públicas deberían estar dirigidas precisamente a incentivar el crecimiento.
Considerando que las empresas familiares representan el 70% del empleo privado, parece evidente que el crecimiento medio de la empresa familiar es un indicador fiable de la evolución de la economía. El 90% de las empresas familiares son pequeñas o micro, por lo que nos queda mucho trabajo por hacer. No sería descabellado afirmar que las políticas encaminadas a favorecer el desarrollo de la empresa familiar tendrán un impacto directo, positivo, en la economía española.
En un momento con cambios políticos importantes, y a las puertas de un 2019 que acumulará varios procesos electorales, se ha abierto el debate sobre varios aspectos clave para la empresa familiar. La carga fiscal que implican los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio es, sin duda, una de las máximas preocupaciones de este colectivo. Será crucial, de cara a posibles cambios, la estrategia de lobby perseguida, así como la coordinación entre intereses regionales y del conjunto de la nación.
Pepe Fernández-Rúa
Director Asociado en Cariotipo
