En España, dos de cada tres muertes están producidas por enfermedades crónicas. La brusca caída de la natalidad unida a la prolongación de la esperanza de vida supone que, según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2050, el 30% de la población será mayor de 65 años y los octogenarios, llegarán a ser más de cuatro millones. Este envejecimiento de la población está provocando que las enfermedades crónicas tengan una incidencia cada vez mayor. Es por esto que resulta de vital importancia, para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, garantizar un envejecimiento activo de la población. Una de las claves fundamentales es poner el foco en la prevención con el fin de mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia.

En este punto es en el que comienza a generarse controversia ya que los recursos son limitados. ¿En qué deberíamos invertir más recursos, en los tratamientos curativos o en los tratamientos preventivos? Es decir, ¿sería preferible que parte de la población se contagiara de una enfermedad, pese a que exista una vacuna que ayude a prevenirla, solo porque el gasto que supone el tratamiento de la enfermedad contraída es menor que el de la vacuna que lo previene?

Aunque desde el punto de vista del tratamiento es cierto que en algunos casos las vacunas son más caras que los tratamientos curativos, los costes asociados a la enfermedad son mucho más altos que los costes asociados a la prevención. Cuando una persona está enferma además de los costes de los tratamientos, genera una serie de costes a la administración derivados de una discapacidad, perdida de productividad o una reducción de la esperanza de vida.

Las vacunas deben considerarse como una inversión a largo plazo que genera beneficios sobre la población. Son muchos los expertos que abogan por la tipificación de las vacunas como inversión para terminar con la visión que las administraciones públicas tienen de las vacunas.

En la actualidad y según el modelo de compra de vacunas basado en Acuerdos Marco, las vacunas que se encuentran dentro de los calendarios vacunales están financiadas al 100% por la administración pero ¿qué ocurre con aquellas vacunas que siendo recomendadas no son obligatorias ni están dentro de los calendarios? En países como Reino Unido o Francia las favorecen con desgravaciones sobre el IRPF. Sin embargo, en nuestro país el coste recae en su totalidad sobre las familias. 

Después de este análisis surge la duda que ha estado copando los medios de comunicación durante los últimos meses ¿por qué no son obligatorias todas las vacunas? ¿Sería justo multar a unos padres que deciden no vacunar a sus hijos? ¿Es aceptable que, como está ocurriendo en Alemania, no se permita la matriculación en guarderías y escuelas infantiles a los niños que, por voluntad de sus padres, no están vacunados?

Es importante resaltar que la decisión de unos padres de no inmunizar a sus hijos a pesar de la disponibilidad de vacunas no tiene base científica y es una amenaza para la población mundial de la que ya ha alertado la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿por qué en nuestro país no son obligatorias? En nuestro país la tasa de vacunación es buena, más del 95% de los niños menores de 2 años tienen puestas todas la vacunas del calendario vacunal. 

El otro gran problema al que se enfrentan las vacunas es la gran desinformación que hay en la sociedad. Resulta paradójico pensar que uno de los colectivos que tiene menor tasa de vacunación es el de los profesionales sanitarios con un rango de entre un 15 y un 25% tasa muy alejada de las recomendaciones de la OMS. 

Los motivos de la baja tasa de vacunación en este colectivo son, entre otros, la baja percepción del riesgo, la escasez de información y formación respecto a los beneficios que suponen, la pobre organización de políticas de vacunación en adultos y la falta de adopción de medidas de prevención por parte de las empresas. Este hecho es completamente extrapolable, incluso en mayor medida, a la población general (que en la mayoría de los casos se guían por las recomendaciones de los profesionales sanitarios).

Y es que, resulta curioso pensar que, pese a la cantidad de evidencia científica que rodea a las vacunas, sea necesario llevar a cabo acciones de lobby para conseguir que sean aceptadas y valoradas por la sociedad. Este hecho se debe, en gran medida, a que el colectivo “anti-vacunas” también realiza acciones de lobby desvirtuando las bondades de las vacunas y consiguiendo “tapar” la ya de por sí escasa información sobre los beneficios de estos medicamentos. 

Elena Sánchez de la Rica

Ejecutiva de cuentas