El 24 de febrero de 2022 marcó una fecha histórica mundial debido a la invasión militar de Rusia a Ucrania. Sin embargo, el creciente conflicto militar entre Rusia y Ucrania viene desde 2014 cuando empezaron las manifestaciones de índole europeísta conocidas como la Revolución de la Dignidad, la anexión de la península de Crimea y el posterior acercamiento de Ucrania hacia la UE y la OTAN. A pesar de ser un conflicto militar regional, la invasión está teniendo un impacto mundial y ha supuesto unas consecuencias políticas, económicas y sociales sin precedentes. España, como el resto del mundo, es susceptible al impacto que ha generado el conflicto y ha tenido que modificar las prioridades de la agenda pública en función de la evolución del conflicto.
En términos políticos, la invasión ha derivado en el aplazamiento de la tramitación de diversas leyes nacionales y autonómicas en España debido a los cambios de priorización en la agenda pública. El Ministerio de Hacienda tenía previsto abordar la reforma fiscal en 2022, sin embargo, la invasión de Ucrania ha cambiado el contexto económico. Por lo tanto, la prioridad de implementar la reforma fiscal ha sido reemplazada por la implementación de medidas de alivio fiscal para amortiguar el impacto de la subida de precios en determinados servicios y sectores económicos. Por otro lado, las prioridades de la agenda pública también se verán afectadas tras el anuncio del Ejecutivo de aumentar el presupuesto en Defensa para llegar al objetivo fijado por la OTAN del 2% del PIB.
Además, España se enfrenta a distintos desafíos económicos que afectarán la agenda pública para adaptarla a los retos pertinentes. Actualmente, Rusia provee el 40% del gas natural a la UE sin embargo, España no depende tanto del gas natural ruso a diferencia de gran parte de Europa ya que importa únicamente un 10% de Rusia. No obstante, España no podría evitar las consecuencias de una subida generalizada de los precios de la energía y combustibles y se podría ver lastrada por un aumento de la inflación de precios. Esto supondría una grave irrupción en la cadena de suministros, siendo así muy probable la modificación de la agenda energética española.
Por otro lado, España se encuentra peor posicionada en la importación de productos agroalimentarios, ya que importa anualmente el 30% del maíz que requiere de Ucrania. Asimismo, el 60% del aceite de girasol y el 17% del trigo que importa España, también proviene de Ucrania. Por lo tanto, un parón en las exportaciones de estos productos se traduciría en un desabastecimiento, un aumento de los precios y supondría dificultades para varias industrias.
En cuanto a las políticas sociales, desde que comenzó el conflicto, ya son más de tres millones y medio de refugiados. La UE dispone actualmente de un sistema de reparto para determinar cuántos refugiados debería acoger cada país. Según el sistema, España tendría que asumir más del 10% de la población ucraniana, que podría ser más de 300.000 personas. De esta forma, las prioridades de la agenda pública se verían nuevamente modificadas para flexibilizar la política migratoria para acoger a los refugiados Ucranianos.
Como respuesta a estos eventos, el Ejecutivo se ha reunido con las comunidades autónomas y con los agentes sociales, para avanzar en la configuración del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, para adoptar un paquete de medidas que ataje el impacto económico y social del conflicto en Ucrania. Entre las medidas incluyen: el precio del gas, la electricidad y los carburantes, apoyar a los sectores más afectados, reforzar la estabilidad de precio y garantizar los suministros la estabilidad financiera.
El impacto completo del conflicto en Ucrania no se verá hasta mucho después de que la guerra cese. Sin embargo, ya se están viendo los impactos en la agenda pública y en el cambio de prioridades que hace dos meses parecían fijas. Es por esto, que en tiempos de incertidumbre y volatilidad, es fundamental mantener un seguimiento constante de la actividad política para evitar riesgos imprevistos generados por cambios en la agenda pública.
Marcos Chaberman
Analista
