El Consejo de Ministros del 12 de enero aprobó un Real Decreto para aplicar en España las medidas del Programa de Apoyo al sector vitivinícola para el período 2019-2023. Para Moncloa, “la aprobación de este Real Decreto implica grandes beneficios económicos para el sector vitivinícola”. Se trata de un conjunto de medidas financiadas por la Unión Europea (UE), con un presupuesto previsto para los cinco ejercicios financieros.
En concreto, el presupuesto anual (210,3 millones de euros) se distribuye entre las medidas comprendidas en el Programa: 72,5 millones de euros para reestructuración y reconversión de viñedos; 56 millones de euros para inversiones; 50 millones de euros para promoción en los mercados de países terceros; 31,8 millones para destilación de subproductos. Cada Estado miembro dispone de un presupuesto fijado por la UE y puede elegir entre un menú de medidas admisibles, para ser aplicadas a través de Programas de Apoyo Nacionales con una duración de cinco años.
Dado que el Programa Nacional de Apoyo para el periodo 2014-2018 finaliza el 15 de octubre de 2018, España presentó a la Comisión Europea el pasado mes de julio un nuevo Programa para la aplicación de las medidas admisibles en el periodo quinquenal siguiente, que la Comisión ya ha aprobado. La normativa comunitaria da la posibilidad de realizar modificaciones del Programa de Apoyo dos veces al año, permitiendo introducir nuevas medidas así como cambiar cuestiones en la aplicación de las medidas ya diseñadas.
Con este presupuesto se pretende reestructurar unas cien mil hectáreas de viñedo, lo que supone aproximadamente un 11% de la superficie plantada de viñedo a nivel nacional. Asimismo, medidas como las de inversiones o promoción del vino en terceros países, previstas en el Programa, permitirán incrementar la capacidad comercializadora en un sector que exporta anualmente por valor de 2.700 millones de euros. Según ha manifestado el Gobierno, “con la aprobación de este Real Decreto se continúa apoyando la mejora de la competitividad del sector vitivinícola español, mediante el refuerzo de sus estructuras productivas, las inversiones para el incremento de la competitividad en la transformación y para la mejora del posicionamiento en los mercados, y la promoción en países terceros, que seguirá incrementando la capacidad de comercialización y de exportaciones”.
Esta iniciativa gubernamental tiene importantes implicaciones para un sector icónico de la economía española. Como indica la Federación Española del Vino (FEV), España es el primer “viñedo” del mundo, con 951.693 hectáreas plantadas en todas sus Comunidades Autónomas. En este sentido, Castilla-La Mancha es la principal región productora con más de un 60% del total, seguida de Extremadura, Cataluña y Valencia; habiendo aumentado significativamente los índices de exportación durante los últimos años.
La financiación europea permitirá un impulso del sector vitivinícola español, imbuido en un contexto altamente competitivo. En España hay alrededor de 4.000 bodegas, la mayoría de dimensión pequeña y mediana, que tienen que competir con productores de múltiples países de la UE, especialmente franceses e italianos. La decisión del Gobierno ha sido acogida con entusiasmo por parte de los productores españoles, que ven en estas medidas una oportunidad para avanzar en la transformación y modernización de la industria.
