El Consejo de Ministros del pasado viernes 24 de marzo anunció la remisión a Cortes Generales, para ratificación, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), que las partes firmaron a finales de octubre de 2016. A diferencia del acuerdo comercial entre Bruselas y Washington, TTIP, que tras la victoria electoral de Donald Trump ha quedado paralizado, el que hay con Canadá está superando cada una de las barreras legislativas que tiene por delante.
Tras la aprobación en el Parlamento Europeo, con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, es el turno de las Cortes Generales de España. El CETA afecta de manera importante a la gestión de los sistemas sanitarios de los países involucrados y como se ha afirmado desde Bruselas, el pacto incluye todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no vaya en detrimento de la democracia, el medio ambiente o la salud y seguridad de los consumidores. Además, en materia de medicamentos, el acuerdo refuerza los derechos de propiedad intelectual sobre nuevos fármacos e introduce buenas prácticas en la fabricación de productos sanitarios; destacan los beneficios específicos en materia de protección de propiedad industrial para las compañías innovadoras europeas que operan en Canadá.
Se prevé un intenso debate en el Congreso de los Diputados ya que varios grupos políticos mantienen una posición contraria a este acuerdo entre Europa y Canadá.
