Esta legislatura debe suponer un verdadero cambio de paradigma en la agenda pública respecto a la digitalización
Seguir hablando de transformación digital en clave de futuro es tan disonante como el uso “del Siglo XXI” para referirse a algo novedoso, moderno.
España lleva navegando la ola de la digitalización – con éxito relativo – las dos década de este siglo. El Legislador y los partidos políticos deben dar un paso al frente en esta legislatura que suponga, al fin, un verdadero cambio de paradigma en la agenda pública facilitando la transformación digital de la economía y del sector financiero.
Uno de los elementos clave que deberá afrontar el nuevo Gobierno será la puesta en marcha definitiva del sandbox regulatorio, o campo de pruebas en los que los nuevos modelos financieros puedan desarrollarse de forma segura y bajo la supervisión de las instituciones regulatorias. Se trata, en definitiva, de permitir que la innovación financiera se acelere a la vez que se controlan sus riesgos evitando que afecten al consumidor final y a la estabilidad del sistema.
Las asociaciones de Fintechs e Insurtechs, principalmente la Asociación Española Fintech e Insurtech (AEFI), llevan años persiguiendo la implantación de este sandbox que ya ha demostrado su potencial en Reino Unido, Hong Kong, Singapur, Australia, Japón o Canadá. Desde que, a comienzos de 2017, presentaran un Libro Blanco, se han sucedido una serie de hitos que iban en la buena dirección, incluido un anteproyecto de ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero, impulsado de forma conjunta por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.
El anteproyecto señalaba como líneas maestras las siguientes: se tratará de un espacio controlado y sin riesgos (i) que funcionará como supervisor (ii) y actuará bajo el paraguas de un sistema ley-protocolo (iii), fijando un marco general que cohabite con el marco de detalle en que se llevará a cabo cada prueba. Además, establecía aspectos concretos sobre su funcionamiento, como el régimen de acceso – incluyendo una ventanilla única financiera-, el régimen de garantías mientras se desarrollasen los proyectos y se celebrasen las pruebas, y el régimen de salida y efectos posteriores a la finalización de dichas pruebas.
Sin embargo, el fin prematuro de la legislatura mandó al cajón el anteproyecto, y el escenario actual mantiene en vilo a un sector especialmente afectado por la incertidumbre. Por ello, resulta fundamental que las autoridades nacionales consideren prioritaria esta regulación y, sobre todo, que mantengan una actitud de luces largas, abierta a las recomendaciones del sector, pues son ellos y no otros los principales conocedores de su realidad y, por tanto, fuente de legitimidad para que la futura regulación no constriña su capacidad de desarrollo y beneficie al consumidor final. Otro aspecto a tener en cuenta será incorporar matices en el marco de las fintechs y las insurtech, pues sus necesidades no son idénticas a pesar de ir muchas veces de la mano.
España debe sacudirse los fantasmas de la parálisis y de la sensación de campaña electoral circular y entrar, cuanto antes, en el club de países que marcarán la pauta para las próximas décadas. Mientras que en nuestro país la cifra de inversión en Fintechs se sitúa en 130 millones de euros, en Reino Unido la inversión supera los 650 millones de euros, dando lugar a unos ingresos de más de 6.600 millones de libras y proporcionando empleo a más de 60.000 personas.
Pero no solo nos condiciona el entorno europeo. Hoy y cada vez más, el potencial innovador de Lationoamérica seguirá buscando cauces para su desarrollo, y nuestro país debe ser el referente inmediato. La colaboración entre el sector público, regulador y supervisores, y el sector privado, motor de la innovación, debe eliminar obstáculos y es una realidad en la que ya están implicadas las autoridades nacionales de nuestro entorno.
Diego Suárez
