Andalucía han pasado de ser una de las Comunidades que más pagaban a ser la que menos en 2018.
Distintos sectores de la sociedad hacen lobby para su supresión y mantenimiento
El artículo 133 de la Constitución Española proclama que el Estado tiene el poder originario de crear tributos de acuerdo con las leyes. En su párrafo segundo, atribuye a las Comunidades Autónomas la titularidad de una potestad tributaria que les permite establecer tributos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
Uno de los impuestos que más polémica está generando en los últimos años, y que en ocasiones es objetivo para conseguir votos y acuerdos entre partidos es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava los incrementos de patrimonio obtenidos por título sucesorio, por título gratuito ínter vivos y, por último, por la percepción de cantidades en virtud del contrato de seguros de vida. Este impuesto se encuentra cedido por el Estado a las Comunidades Autónomas de régimen común, teniendo además una serie de competencias normativas cedidas, en concreto las siguientes: reducciones de la base imponible (base liquidable), tarifa del impuesto (tipo impositivo), cuantías y coeficientes de patrimonio preexistente, deducciones y bonificaciones de la cuota, gestión y liquidación del impuesto.
Durante 2018, las Comunidades Autónomas se han lanzado a una carrera por rebajar la factura fiscal del impuesto de Sucesiones. Hasta seis de ellas –Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Murcia– introdujeron modificaciones en el impuesto para ser cada vez más atractivas a ojos de los contribuyentes, fruto de las acciones de Lobby llevadas a cabo por distintas asociaciones que con su argumento han logrado convencer a distintas fuerzas políticas del lastre económico que supone esta figura impositiva. Por el contrario, Navarra y Cantabria, incrementaron la carga sucesoria.
Prestando atención a los datos de 2018, Andalucía va a ser la comunidad en la que menos impuestos se pagarán, gracias a la aprobación, por parte de la Junta, de un mínimo exento de un millón de euros para adquisiciones mortis causa (descendientes, ascendientes y cónyuges), en vez de los 250.000 euros de tope anteriores. De este modo, el 95% de los andaluces no van a tener que abonar este impuesto.
Los gobiernos de Murcia, Castilla y León y Cantabria también se incorporaron a la competición a la baja que en su día lideró Madrid. Igualmente, ha introducido cambios Asturias, sin lograr evitar que continúe siendo la segunda región que más grava las herencias, solo por detrás de Aragón.
Si miramos a nuestros socios europeos, 15 Estados miembros todavía cuentan con este impuesto. Francia, Bélgica, Alemania o Dinamarca son algunos de ellos, pero por el contrario en Suecia, Estonia, Rumanía o Eslovaquia tan siquiera se contempla este impuesto.
En 2015, un estudio de la Tax Foundation situó a España como el segundo país de la eurozona que más cobra a las herencias. Dentro de los países de la OCDE España ocupa el sexto lugar.
Y como en todo, existen distintas corrientes de opinión. Ciertos sectores de la sociedad hacen lobby en favor de mantener el impuesto basando su discurso en la reducción de las desigualdades de la distribución de la riqueza desde la perspectiva de la equidad fiscal intergeneracional. Por contra, otra parte de la sociedad defiende que esta figura supone una doble imposición al gravar activos que ya han contribuido con otras figuras como el IRPF o el impuesto de sociedades. Asimismo, defienden que al ser un impuesto autonómico genera discriminaciones entre los contribuyentes españoles que afectan a la equidad del impuesto, debilitando su acepción fiscal, pudiendo dar lugar a movimientos migratorios internos.
Desde la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, que abogan por la donación libre, afirman que morir en Zaragoza o en Gijón es cien veces más caro que en Extremadura, Murcia o Madrid.
Macarena Puentes
