Un informe elaborado por ESADE y Antares Consulting sugiere que España deberá doblar su gasto sanitario en los próximos diez años e incrementarlo entre 32.000 y 48.000 millones de euros hasta 2025, para poder atender las necesidades del sistema y evitar nuevas desigualdades en salud. En virtud de estas previsiones, el gasto sanitario público en 2025 podría situarse entre los 97.000 y los 113.000 millones anuales, considerando que en 2015 habrá sido previsiblemente de 64.833 millones de euros.
Según el informe, la diferencia entre ambas cifras es el resultado de una estimación lineal o gestionada del gasto sanitario público. Así, los 16.000 millones de euros de diferencia entre ambos modelos son «el coste de no actuar, es decir, las necesidades de financiación del gasto público sanitario como consecuencia de no haber tomado suficientes medidas para gestionar el crecimiento del gasto sanitario de aquí al año 2025». Sin embargo, los autores también indican que los 32.000 millones de euros estimados en el escenario posibilista representan la base que habrá que financiar para cubrir las necesidades del sistema sanitario público en la fecha señalada.
El análisis muestra que el gasto en salud crece a medida que los países van desarrollándose, pero también que lo hace a un ritmo mayor que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), por término medio, 2 puntos por encima, lo cual suscita el debate sobre su sostenibilidad. Según Manel Peiró, director del Institute for Healthcare Management de ESADE y coautor del informe, «este debate, pese a ser importante y necesario, se ha realizado a menudo obviando los beneficios que el sistema sanitario aporta», informa Europa Press.
Por su parte, el socio director de Antares Consulting y coautor del informe, Joan Barrubés, admite que el debate acerca de la sostenibilidad del sistema sanitario requiere una visión más global que abarque diferentes aspectos, como las prioridades del gasto público y el nivel de riqueza común que la sociedad está dispuesta a dedicar a la salud, o una política fiscal eficaz para poder recaudar los recursos necesarios para financiar el conjunto del gasto público y, en particular, el gasto sanitario. Asimismo, también ha reclamado un debate más profundo sobre la cobertura del sistema, centrado más en la rentabilidad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios que en la población cubierta, o el desarrollo de la única política que se ha demostrado eficaz hasta el momento: mejorar la gestión del coste de los procesos de asistencia sanitaria».
