La asistencia sanitaria junto con la educación, las pensiones y la política asistencial, constituyen los cuatro pilares del Estado de bienestar. Se caracteriza por su financiación pública, su universalidad y la gratuidad en el acceso. Según los últimos informes del Sistema Nacional de Salud, la gestión descentralizada del servicio sanitario ha aproximado la Administración al ciudadano, garantizando la equidad, la calidad y la participación del mismo en las prestaciones que recibe.
A la Administración General le corresponde el establecimiento de normas que fijen las condiciones y requisitos mínimos para alcanzar la igualdad de condiciones en el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. Por su parte, cada Comunidad Autónoma cuenta con un Servicio de Salud, que es la estructura administrativa y de gestión que integra todos los centros, servicios y establecimientos de la propia jurisdicción.
La premisa que asentó este sistema, según indica Julio Gómez-Pomar en su análisis La descentralización de competencias en las CCAA en España, fue que la eficiencia debía buscarse más en la capacidad que tenga cada Comunidad Autónoma de ofrecer una gestión a sus ciudadanos mejor que la que se podría ofrecer con una gestión centralizada.
Pero ¿qué ha pasado con la crisis del Covid-19?
Si bien es cierto que al inicio de la pandemia y el confinamiento en España, algunos presidentes autonómicos vislumbraron la posibilidad de hacer de esta crisis una baza electoral, pronto se dieron cuenta que hasta el 14 de marzo —día en que se decretó el Estado de Alarma— la competencia en materia de Sanidad era regional y, por tanto, la autoría para que la sanidad pública dispusiera de medios contra el Covid-19 era de ellos. La oportunidad de ataque político que sobrevoló durante los primeros días a algunos de los líderes autonómicos —fruto también del estado de tensión sin precedentes que España estaba viviendo al tener que lidiar con esta crisis histórica— se disipó rápidamente cuando las cifras de fallecidos comenzaron a ser centenares al día y el Sistema Sanitario se colapsó por primera vez en la historia de la democracia. Los presidentes autonómicos asumieron que su sitio estaba en primera línea junto al Gobierno de España y que la única opción para salvar vidas era la unidad y coordinación.
Las CCAA comenzaron a asumir de manera unánime que son Estado, y más en materia de Sanidad, incluidas aquellas que no han estado de acuerdo con la centralización de determinadas responsabilidades. De esta forma, el Estado de Alarma ha hecho asumir al Gobierno la responsabilidad de las decisiones de la lucha contra la pandemia sin mermar las competencias de gestión de las CCAA, tratando de ampliar los medios sanitarios, de control, de limpieza y de logística.
De esta forma, Gobierno y autonomías se encuentran trabajando alineados en una misma dirección y alcanzando el consenso en torno a un objetivo común: la lucha contra el coronavirus. Se están llevando a cabo reuniones semanales entre el Presidente del Gobierno y los Presidentes de las CCAA donde todos tratan de aportar soluciones y propuestas —no exentas, en algunos casos, de cierta confrontación— que se están comunicado con transparencia y aparente conformidad colectiva.
El siguiente paso en la lucha contra la pandemia es la conformación de un comité de expertos para diseñar el desescalamiento por el Covid-19. Para ello, el Gobierno ha pedido un técnico de cada Comunidad Autónoma para que lo conformen. El objetivo es que las medidas a implementar en este proceso de desescalada se tomen de manera unánime y consensuada por todas las regiones en coordinación con el Gobierno central.
En definitiva, el Estado de las Autonomías ha demostrado ser un eslabón más al servicio de la difícil reyerta que se está librando actualmente en España. Las CCAA han evidenciado que soportan un Estado de Alarma bajo las indicaciones del Gobierno sin perder eficacia ni acierto en las decisiones regionales que les siguen competiendo.
Marta Pérez
Analista de Cariotipo Lobby & Comunicación
