El Consejo de Ministros acordó, el pasado 30 de noviembre, eliminar la norma que prohibía acceder a las personas que padeciesen diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
La democracia otorga a los ciudadanos muchos más derechos que el simple hecho de elegir a sus representantes políticos cada cuatro años. Ofrece la posibilidad de dar voz la sociedad para que puedan aportar y opinar sobre situaciones y normas que se van quedando obsoletas con el paso del tiempo. Actualmente, esta capacidad de llevar a cabo acciones que influyan en los poderes públicos en defensa de los intereses de un colectivo es lo que se conoce como lobby.
Esto es lo que llevan haciendo, durante muchos años, diferentes organizaciones para acabar con la exclusión que sufren más de siete millones de personas en España en el acceso al empleo público. El pasado 22 de noviembre, la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) firmaron un convenio de colaboración para acabar con la norma que prohibía el acceso a las personas diabéticas a algunos empleos públicos como el Cuerpo Nacional de Policías o la Guardia Civil.
Un mes antes, la Comunidad Valenciana se convirtió en la primera en permitir la entrada a personas con VIH en la Policía Municipal de Valencia. A partir de ahora, el decreto 180/2018, de 5 de octubre, del Gobierno valenciano establece que serán excluidas de las pruebas para pasar de interino a tener plaza en la policía municipal aquellas personas que tengan «enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomáticas que imposibiliten el desempeño del puesto de trabajo», es decir, que serán admitidos quienes tengan una enfermedad inmunológica sistémica (en este caso, infección por VIH) si son asintomáticos.
La Comunidad Valenciana abrió una pequeña ventana para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo público. La puerta la terminó de abrir el Gobierno, el pasado 30 de noviembre en el Consejo de Ministros, cuando acordó eliminar la norma que prohibía la entrada de todo aquel que tuviese diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estados, a las fuerzas armadas, a los cuerpos de vigilancia aduanera o a los de instituciones penitenciarias.
Además, se acordó revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes para acceder a la función pública, que contaban con una antigüedad de entre 10 y 30 años. Estas medidas se aplicarán a todas las convocatorias que se publiquen con posterioridad a la fecha del acuerdo, y en todo caso, a partir de las derivadas de la oferta de empleo público del año 2020.
Aunque los objetivos de las normas persiguen mejorar la calidad de vida de la población, el paso del tiempo muestra los pequeños defectos mejorables. Las acciones de lobby son fundamentales para hacer ver a los poderes públicos la necesidad de corregir anacronismo y conseguir una sociedad más justa, igualitaria y beneficiosa para todos.
Margarita Guillamón Dávila
