La Comisión Mixta de Seguridad Nacional aprobó por unanimidad la Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de defensa orientada a la prevención de ataques bioterroristas con virus de la viruela. El texto de la PNL fue aprobado junto con una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular y apoyada por los socialistas.
La Proposición fue defendida por Jordi Xuclà i Costa, diputado del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), que comenzó su comparecencia recordando una interpelación formulada en mayo de 2015 ante el ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, sobre la necesidad de incorporar, en la Estrategia de Seguridad Nacional, un enfoque respecto al reto del bioterrorismo. Dicha interpelación trajo consigo una moción -aprobada casi por unanimidad en el Congreso de los Diputados- que instaba al Gobierno a la revisión y actualización de la estrategia nacional respecto a la bioseguridad; a la revisión y actualización de los protocolos y mecanismos de colaboración existentes; y a una revisión y actualización del inventario de medios de equipos, medicamentos y vacunas a disposición del Gobierno. Todo con el fin de hacer frente a las eventuales amenazas biológicas para la seguridad de España.
Con esta exposición, Xuclá quiso concienciar a la Comisión de la importancia que tiene el bioterrorismo para la seguridad global y nacional. Según el diputado, “a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, se reavivó la inquietud internacional por el bioterrorismo por ser una de las nuevas amenazas para la salud surgidas en el siglo XXI”. El Congreso con la aprobación del texto final insta al Gobierno a: crear un Comité especializado contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM) que elabore y aplique una Estrategia nacional; incorporar en el Informe anual de Seguridad Nacional una sección para las políticas de lucha contra el bioterrorismo, amenazas nucleares, químicas y radiológicas; promover el cumplimiento del Plan Nacional de Acción para la completa aplicación de la Resolución 1540 contra la proliferación de ADM a manos de actores no estatales; revisar el inventario de que dispone el Gobierno de medicamentos, equipos y vacunas para hacer frente a las amenazas del bioterrorismo especialmente por el virus de la viruela; aprobación y puesta en marcha de un Plan Nacional de Bioscustodia.
En la actualidad, España cuenta con stock de vacunas de viruela de segunda generación de 2.048.000 unidades, que fueron adquiridas en 2003, con posterioridad a la aprobación de las Recomendaciones de actuación y respuesta ante la aparición de un caso o de un brote de viruela (abril de 2002), de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Estas vacunas, además de estar caducadas, no cuentan con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, y podrían provocar efectos secundarios graves, además de estar contraindicadas en personas inmunodeprimidas, como observan las propias Recomendaciones de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Para los ponentes, el nivel de protección contra la viruela en España es menor que el de otros países de nuestro entorno, que cuentan con un stock suficiente de vacunas para cubrir a la totalidad de la población y están renovando su stock con vacunas de tercera generación. Hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos de hoy en día son enormemente superiores a los de hace quince años, y que permiten la síntesis del virus de la viruela en un laboratorio, por lo que no podemos obviar el peligro de tener que enfrentarnos a un ataque terrorista de estas características. Por otra parte, esos mismos avances científicos y tecnológicos, están permitiendo el desarrollo de vacunas muchos más efectivas y seguras para la población.
En este sentido, resulta importante contar con un stock suficiente de vacunas de tercera generación, que se puedan administrar al personal sanitario, a los servicios de emergencia, al personal en primera línea de actuación, así como a las unidades militares, principalmente aquellas desplazadas a zonas de especial conflictividad. La toma en consideración del Gobierno de las recomendaciones de la Comisión implicará la actualización de la regulación existente en materia de bioseguridad, suponiendo una oportunidad para que los diferentes agentes implicados puedan llevar a cabo sus acciones de lobby y trasladar sus intereses a la Administración.
Álvaro Sanz López
Ejecutivo de Cuentas
