Con la disolución de las Cortes Generales el pasado 5 de marzo, la actividad parlamentaria en el Congreso y el Senado queda reducida a las próximas convocatorias de la Diputación Permanente, uno de los órganos menos conocidos de nuestro sistema parlamentario.

La Diputación Permanente está integrada, tanto en el Congreso como en el Senado por:

• El presidente de cada Cámara
• Dos vicepresidentes
• Dos secretarios 
• 60 titulares y 64 suplentes en el Congreso de los Diputados
• 32  titulares y 36 suplentes en el Senado

La representatividad de los Grupos Parlamentarios se establece en función de la proporción de escaños.

Pero, ¿qué funciones tiene realmente la Diputación Permanente? 

En el momento actual, y con las Cortes disueltas, la Diputación Permanente asume el papel del Pleno y ejerce las competencias respecto de los estados de alarma, excepción y sitio. En el caso del Senado, le corresponde velar por los poderes de la Cámara durante el período de disolución hasta la constitución de la nueva Cámara y, al igual que en el Congreso, debe dar cuenta a la misma de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas durante el período de disolución. 

En realidad, la actividad de la Diputación permanente se limita a la aprobación de medidas legislativas impulsadas por los gobiernos en funciones vía Real Decreto-ley. Se trata de garantizar que se puedan impulsar medidas de especial urgencia o necesidad. Naturalmente, la posibilidad del Gobierno de convalidar reales decretos de esta forma no es nueva en democracia, pero siempre ha sido una fórmula muy excepcional que se ha empleado para aprobar medidas de urgencia real. Hasta el momento los decretos aprobados por la Diputación Permanente tenían en su mayoría un carácter más administrativo que político. Esta práctica, sin embargo, podría cambiar en las próximas semanas, ya que, según las declaraciones del actual presidente del Gobierno, el ejecutivo está dispuesto a gobernar hasta el último minuto y a poner en marcha medidas que la convocatoria de elecciones había dejado en el aire.

En legislaciones anteriores, los Reales Decretos convalidados por la Diputación Permanente giraban en torno a temas como la compensación por daños por la Rotura de la Presa de Tous, el establecimiento de las normas para las aguas residuales urbanas, en 1996, o el destinado a adoptar medidas urgentes para reparar los daños tras los temporales de lluvia en Canarias, en 2005. 

Existe, no obstante, un precedente, en el año 2000, cuando el Gobierno de Aznar presentó un Real Decreto-ley sobre medidas de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social, cuya convalidación fue criticada precisamente por el grupo socialista, al considerar que no cumplía el requisito de la urgencia.

Es posible que en las próximas semanas este órgano esté más presente en los medios de comunicación que en las legislaturas anteriores y que las medidas que se aprueben en él tengan una mayor repercusión en el conjunto de la ciudadanía, como son el Real Decreto-leyaprobado por el Consejo de ministros del pasado 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, el de la regulación del mercado de la vivienday el relativo al permiso de paternidad, que podrían ser los primeros que convalide la Diputación Permanente, mientras el país mira a la cita electoral del 28 de abril.

Por lo pronto, Ciudadanos ha pedido un informe a los letrados del Congreso en relación a la modificación que pretende impulsar el Ejecutivo de la ley orgánica de igualdad del 2007a través de un decreto ley, con el fin de ampliar los permisos de paternidad, y Pablo Casado ha anunciado que llevará ante el Tribunal Constitucional los Decretos que no se centren en medidas urgentes, por considerar que poseen un carácter electoralista.

Juan Carlos Benavente

Consultor en Cariotipo Mh5