La diáspora bolivariana continúa sin señal de ralentizar  

Es difícil saber qué política migratoria conviene tomar en momentos de crisis, sobre todo cuando los problemas internos impiden tener una reacción coherente y digna ante la magnitud de los acontecimientos.

Cuando la Venezuela de 1939 se vio ante el inicio de una crisis de refugiados provenientes de Europa, se enfrentó a ella mediante sucesivas posturas. Inicialmente, comenzó aceptando a aquellos que emigraban por razones políticas, posteriormente, también a aquellos que huían por motivos religiosos y, finalmente, culminó con la “política de puertas abiertas” promulgada 1952 y potenciada con la Ley de Naturalización de 1955 que aceptaba a todos aquellos que huían sin importar el motivo (económico o político) de una Europa devastada por las sucesivas guerras.

En este momento histórico, el boom petrolero en Venezuela generó una migración del campo a la ciudad, cuyos efectos intentaron paliar los primeros gobiernos después de la dictadura de Juan Vicente Gómez, con acciones como la creación de colonias agrícolas, tales como Mendoza (1937) en la cual se establecieron 40 familias españolas.

La creciente integración de los inmigrantes europeos, tanto regulares como irregulares, le proporcionaron a Venezuela una ventaja competitiva en el ámbito económico que permitió su modernización. Tras la Ley de Nacionalización del Hierro (1975) y la Ley de Nacionalización del petróleo (1976) se generó una sucesión de políticas económicas y sociales que incentivaron la corrupción y la división de clases. Esta división, y la corrupción clara que dominaba en las instituciones, permitieron que un militar excarcelado, culpable de un intento de golpe de estado, alcanzara el poder democráticamente. Tras esto se enfoca en erosionar la división de poderes, acaparando las instituciones en una deriva autoritaria que no ha parado.

Ante los 4,8 millones de seres humanos que han huido en los últimos 5 años de la crisis política y económica en la que se encuentra Venezuela, es importante destacar la aceptación de la mayoría de los refugiados por Colombia y Perú (con aproximadamente 50% entre los dos), a los cuales se destina una gran proporción de los 320 millones de euros que la UE ha comprometido en ayudas -incluyendo en esta partida, 50 millones de euros anunciados por el gobierno de España.

Los cuerpos diplomáticos de la UE, con la delegación de España a la cabeza, se encuentran constantemente intentando un diálogo coherente con el régimen venezolano, buscando unas negociaciones serias que tomen en cuenta las condiciones y seguridad vital de los refugiados.

Es bien sabido que no es fácil dialogar con autócratas, pero no es comprensible que exista un proceso de extradición -todavía evitable- a un individuo que le fue retirada la alerta roja de Interpol por ser considerada “persecución política”, que será devuelto a Venezuela para ser juzgado por este régimen dictatorial, desatendiendo, de esta forma, a las recomendaciones del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que insisten en que “en Venezuela existe una violación sistemática de los derechos humanos”.

Según últimos datos de migrationdataportal.org, el número de solicitudes de asilo en España por parte de migrantes venezolanos es de, aproximadamente, 19.200 en 2020 frente al total de 133.000 solicitantes de asilo de todos los orígenes. Asimismo, existe una cifra aproximada de 57.500 refugiados venezolanos contabilizados en España. 

La UE se encuentra ante una crisis de refugiados de cifras inéditas que no ha sabido gestionar de la mejor manera. Queda pendiente, por parte de los políticos y las instituciones públicas, una reflexión interna sobre cómo pueden mejorar sus actuaciones para obrar de una manera más humanitaria que permita a estos seres humanos una vida digna, mientras se contribuye, con estas acciones, a solucionar los problemas que presentan los países europeos, dentro de sus fronteras, como el envejecimiento poblacional o la “España vaciada”.

Los tiempos de crisis requieren creatividad y aplomo, mientras los migrantes mueren en pateras o centros de refugiados, otros países integran a los refugiados e innovan con pueblos y aldeas autosustentables donde se ponen a prueba nuevas tecnologías ecológicas. Mientras tanto, una España vaciada amenaza con despoblar grandes extensiones de tierra que van lentamente desertizando la península. 

Queda pendiente actuar con coherencia según el contexto, tanto político como ambiental, así como aprender de aquellos que innovan e incorporar estos sistemas y herramientas a nuestro desarrollo.