Tras la finalización del periodo de información pública y las alegaciones de las diferentes consejerías, el proyecto normativo pasará por el Consell para ser remitido posteriormente a las Cortes Valencianas. A lo largo del proceso, el “Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, Reguladora de la Actividad de Lobby en el Ámbito de la Generalitat y de su Sector Público Instrumental” ha sido objeto de múltiples alegaciones, algunas con importante carga crítica que ha obligado a retoques sustanciales.
Entre las modificaciones al texto original cabe destacar: suavizar el régimen de sanciones a los altos cargos que no publiquen sus encuentros con los lobbies y excluir de esta consideración a algunos actores, como a todos los sindicatos y organizaciones empresariales al entender que ejercían funciones protegidas por la Constitución Española. Algunas consejerías consideraron que la norma resultaba «confusa» y otras advertían de que algunas de sus previsiones, como la obligación de adjuntar informes en las leyes con los todas las reuniones, «no harán más que aumentar la burocracia».
El debate principal se planteó en torno a cómo deben regularse oficialmente los contactos entre los responsables de la Administración y los llamados grupos de presión y quiénes deben o no ser calificados como lobbistas y por tanto con obligación de darse de alta en un registro para poder reunirse con altos cargos. No faltaron quejas como las de las consejerías de Hacienda y Economía, porque se diferenciaba un sindicato de otro en función de su representatividad.
La regulación de la representación de intereses está avanzando tanto a nivel nacional, autonómico como local. Grandes ayuntamientos como el de Madrid ya han puesto en marcha registros de grupos de interés e instituciones nacionales como el Congreso de los Diputados están en proceso de implementar normativa al respecto. Estas iniciativas se enmarcan en una dinámica iniciada desde las instituciones de la Unión Europea, que busca una elaboración más trasparente de las políticas públicas y una normalización de las necesarias interacciones que se producen entre los diferentes actores y sus legítimos intereses.
